A.P DE LAS PALMAS OBLIGA A LA BANCA A PAGAR LOS GASTOS HIPOTECARIOS DE NOTARÍA

A.P DE LAS PALMAS OBLIGA A LA BANCA A PAGAR LOS GASTOS HIPOTECARIOS DE NOTARÍA

 

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado recientemente una sentencia en la que considera  que es  el banco quien debe asumir los gastos relativos a notaría, registro, gestoría y tasación y el cliente, por su parte, los impuestos.

     La sección cuarta de la Audiencia Provincial resuelve así el recurso interpuesto por el Banco Popular contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Puerto del Rosario, Fuerteventura, que le condenaba a devolver a un cliente la totalidad de los gastos que le ocasionó su hipoteca, al entender “abusivo” que se los cargara.

     El tribunal establece y dictamina  que resulta abusivo trasladar al cliente todos esos gastos, pero da la razón en parte al banco, al estimar que el solicitante de la hipoteca también tiene que afrontar algunos de ellos.

     Concretamente, la última jurisprudencia establece el siguiente reparto:

     El banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la Gestoría y de la tasación del inmueble.

     El banco y el cliente pagan por mitad los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario.

     El cliente prestatario es quien debe abonar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

     Recordemos que el Tribunal Supremo sentenció en febrero de 2018 que el cliente es el que debe asumir el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados derivado de la escritura de constitución de préstamo hipotecario. Este criterio que choca con los fallos de muchas audiencias provinciales, que consideraban abusivo que todo el peso de los gastos de la formalización del préstamo recayera sobre el cliente. AHORA la sentencia reseñada dictada por el T.Supremo ya ha sido recurrida por diversas asociaciones en defensa del Consumidor, al Alto Tribunal de Justicia Europeo, que se pronunciará en breve respecto a la procedencia de cargar los gastos de Impuestos al cliente o consumidor-prestatario y cuya decisión será vinculante.

 

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