LA EXENCION DEL PAGO DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA

El Tribunal Constitucional en la sentencia 26/2017 de 16 de febrero, declaró nulo e inconstitucional el pago del impuesto local de Plusvalía, del que es sujeto pasivo SIEMPRE la persona que vende un inmueble. Este impuesto se creó para gravar la ganancia que por la venta de una finca percibía en propietario-vendedor de cualquier inmueble. Llegada la época de la crisis económica , afloraron la venta de inmuebles, y por un precio menor al precio de adquisición; sin embargo el pago impuesto de plusvalía (en el Ayuntamiento donde radicara la finca) seguía siendo de obligado cumplimiento para el vendedor.

En lugar de contribuir a obtener cierto respiro económico, se encontró con que además de vender el inmueble a un precio más bajo del que él mismo pagó en su propia adquisición, no sólo lo tuvo que vender a un precio más bajo sino que por añadidura seguía estando obligado a pagar un impuesto que ya no tenía razón de ser, ya que en la venta NO OBTUVO NINGUNA GANANCIA RESPECTO AL PRECIO DE COMPRA ANTERIOR. Esta cuestión se planteó en un principio ante los Tribunales del País Vasco, en cuanto a que las entidades locales sometían al vendedor, al pago de tributos que no tenían razón de ser ya que se exigían en situaciones de inexistencia de incrementos de valor de terrenos o inmuebles de naturaleza urbana.

Recientemente la sentencia de 11 de mayo de 2017, dictada por el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha suspendido el cobro del impuesto de plusvalía en el sentido de dictaminar categóricamente que: cuando no se ha producido ese incremento de valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución Española. Este artículo establece que :

  1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
  2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
  3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

 

Por lo establecido es el artículo referido, el Alto Tribunal entiende, que actualmente el impuesto de Plusvalía que va en contra de la capacidad económica de quien vende por un precio menor al que pagó en su día por la adquisición de la que deja de ser titular, por la crisis económica que desde el boom inmobiliario afectó a todos. Por otra parte el espíritu de este artículo deja de existir ya que se creo para cumplir los Principios fundamentales de nuestro Derecho Tributario, que son a saber:
      Pº de Generalidad: Que se manifiesta por la expresión “Todos contribuirán”
     

      Pº de Igualdad: que puede implicar dar tratamientos iguales, para semejantes capacidades económicas.
     

      Principio de Capacidad Económica: que viene a significar que cada uno contribuirá al sostenimiento del gasto público en atención a sus posibilidades económicas, definida por determinados índices reveladores de la fuerza económica (por ejemplo Patrimonio, circulación de bienes, adquisiciones o gastos de renta….)
     

      Principio de No Confiscatoriedad: lo que supone la protección del Derecho de propiedad.
     

      Principio de Progresividad: lo cuál implica no sólo su carácter recaudatorio, sino también de redistribución, como consecuencia de la obligación contenida en el Artículo 40 de la CE de “justa distribución de las rentas”.
      Principio de Seguridad: A que se refiere el Artículo 9.3 CE. Este principio es utilizado en numerosas ocasiones por el TC para evitar la retroacción de las leyes tributarias.

 

Todos estos principios van actualmente en contra del cobro que por el impuesto reseñado estaban girando Los ayuntamientos a los vendedores de fincas por VALOR INFERIOR AL DE ADQUISICIÒN.

      No obstante, el vendedor está obligado a presentar en le Ayuntamiento al que pertenezca la demarcación del inmueble y en el plazo de un mes, la escritura de venta (a contar desde la fecha de su otorgamiento). Una vez que los Ayuntamientos reciban por parte del Tribunal Constitucional los baremos de obligado complimiento para el cálculo del tributo o su posible exención ; etas entidades locales los mismos comunicarán al sujeto pasivo si está o no sujeto a su pago, determinando en su caso la cantidad a pagar y los criterios aplicados que deberán ajustarse en lo establecido en la sentencia reseñada.

 

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